Vecinos de Orriols han hecho visible su repulsa ante la defensa de
los condenados por la violación a una menor que realizó en redes sociales José
Manuel Bou Blanc, uno de los responsables del Casal Romeu, el local de extrema
derecha abierto hace tres meses en el barrio por la organización Valentia
Forum.
José Manuel Bou
Blanc difundió el 16 de diciembre en su perfil de facebook un enlace a los
audios filtrados de la menor, hecho que en sí puede ser constitutivo de delito,
al poder considerarse“difusión no autorizada de comunicaciones personales”.
Pero, además, lo acompañó de comentarios en los que manifestaba que los
violadores «no han tenido un juicio justo” debido a la presión “ideológica
feminista”. Aunque posteriormente eliminó el enlace a los audios, mantuvo y
amplió los comentarios en los que cuestionaba la validez de la sentencia, al
aseverar que la presión feminista había doblegado a la judicatura y la había sometido
a sus dictados: “Los Tribunales de justicia imparciales han sido sustituidos
por turbas callejeras enloquecidas”, entre otros comentarios en ese sentido.
Al día siguiente
insiste en esta línea de cuestionamiento de la sentencia al compartir en facebook
una imagen en la que se afirma: “Los chicos del Caso Andarina (sic), han sido
condenados a 38 años de cárcel, sin pruebas de ningún tipo, ni tan siquiera
sospechas,…”. Ese mismo día Valentia Forum expresa en su cuenta de Twitter
“todo nuestro apoyo” a José Manuel Bou, quien “se enfrenta al linchamiento
público” por sus “opiniones libres”.
Este grupo de
extrema derecha ha venido haciendo publicaciones en sus redes sociales
abiertamente racistas, islamofóbicas, sexistas y antifeministas, homofóbicas,
así como elogios al Franquismo.
Los vecinos de
Orriols se han manifestado ya en dos ocasiones por el cierre del “Casal Romeu” y
afirman que lo seguirán haciendo hasta conseguirlo. El barrio de Orriols cuenta
con una experiencia de convivencia intercultural muy arraigada, que permite
desarrollar relaciones saludables y sentimientos de identidad comunes, entre múltiples
y variadas nacionalidades y culturas. Es por ello que se oponen a que
colectivos de esta índole, se establezcan en sus calles, con un discurso de
corte social que enmascara su verdadera intención: generar división entre
los vecinos y vecinas del barrio por cuestiones ideológicas, étnicas, diferencias culturales y de procedencia…
Este es un discurso de odio claramente xenófobo, racista, machista, LGTBI+fóbico,
que ataca a los derechos sociales, a los intereses de la clase obrera, a la
libertad de elección y la diversidad sexual.
Los colectivos
abajo firmantes queremos denunciar el injusto e ilegal arresto de la capitana
del barco de la ONG alemana Sea Watch, Carola Rackete, quien se encuentra en
arresto domiciliario después de la acusación de resistencia o violencia contra
nave de guerra, al entrar en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para
desembarcar a las 40 personas rescatadas en el mar, que llevaba a bordo tras 17
días. También
mostramos nuestra solidaridad ante la decisión del Proactiva Open Arms de continuar
sus labores de rescate en el Mediterráneo y nuestro total apoyo y rechazo ante
las amenazas del ministro Matteo Salvini.
Rackete atracó
el barco por sorpresa en el muelle comercial de Lampedusa y durante la
operación chocó contra una patrullera de la Guardia de Finanza (policía
financiera y de fronteras italiana) que intentó impedir la maniobra.
Con la
aplicación del Decreto recientemente aprobado por el Gobierno italiano, que
prohíbe entrar en aguas territoriales sin autorización, el barco será incautado
y se le impondrá una sanción de 20.000 euros, que aumentará a 50.000, si no se
paga en los plazos establecidos, según informaron fuentes de Interior.
Carola Rackete
explicó en un vídeo en Twitter antes de entrar en Lampedusa «Me están
investigando, y mientras me dicen que no nos ayudarán a que desembarquen los
náufragos. Esto quiere decir que estamos aun esperando una solución que no
llega. Por eso, hemos decidido entrar en el puerto que ahora está libre». «Yo
estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, tal como se
espera de un capitán. ¿Y el señor Salvini?», preguntó Rackete. Su tripulación
dice «Estamos orgullosos de nuestra capitana, ella hizo exactamente lo
correcto. Siguió la ley del mar y puso a la gente a salvo.
El
endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de las ONGs,
muestra la capacidad para marcar agenda de la extrema derecha europea, poniendo
el foco en los procesos migratorios y asilo como consecuencia de las desigualdades
sociales, trivializando la vulneración de derechos humanos y criminalizando las
personas que arriesgan sus vidas cruzando el mediterráneo. La construcción de
un marco de retrocesos en materia de derechos humanos y libertades, nos
perjudican a toda la sociedad en general, y no lo podemos permitir.
Salvar vidas no es delito, el único crimen
es permitir la muerte de cientos de miles de personas ahogadas en el mar.
Matteo Salvini debe ser investigado por
secuestro y violación del derecho internacional»,
Sin embargo, el
ministro del Interior italiano, celebra la detención de Carola Rackete, a la
que acusó de «comportamiento criminal» por haber puesto en peligro la vida de
los agentes de la Guardia di Finanza. Salvini, que había impedido la entrada en
el puerto del barco humanitario, se mostró satisfecho porque se han cumplido
sus peticiones de arresto de la capitana, la incautación del barco y la
reubicación de los migrantes en países de la Unión Europea.
Desde las
diferentes organizaciones y entidades repudiamos la actuación del gobierno
italiano, con Salvini a la cabeza, así como la necropolítica de la UE, que
prefiere que mueran las personas antes de llegar a sus fronteras y permite
representantes fascistas entre sus huestes, a la vez que impide el respeto a
los DD.HH. más elementales de las personas, vengan de donde vengan. Junto con
otras organizaciones europeas, reprobamos estas políticas y exigimos una
respuesta unitaria en clave de DD.HH. y respeto a los derechos de todas las
personas.
“Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”
LA POLICIA DE XIRIVELLA INSISTEIX A EXPULSAR LA DONA QUE VA ACUDIR A DENUNCIAR UNA AGRESSIÓ
La Policia Nacional de Xirivella es mostra impassible davant de les massives mostres de solidaritat que ha provocat el cas de la dona hondurenya que va acudir a comissaria a denunciar una agressió i va acabar amb un expedient d’expulsió. Ahir van desestimar les seues al·legacions i van insistir a proposar la seua expulsió. “Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”, es pregunta la víctima.
València, 6 de juny de 2019. – Una dona acaba de ser agredida per un home i acudeix a la policia a denunciar-ho. No obstant això, la detenen i eix de comissaria sense poder formalitzar la denúncia, convertida en denunciada i amenaçada d’expulsió. Quina és la causa d’aquesta situació tan rocambolesca? La víctima és una estrangera sense papers, per tant, sense dret a rebre protecció i a accedir a la justícia, ja que cap cap persona sense documents s’atrevirà a denunciar la simple pèrdua de la cartera si corre el risc de ser expulsada. Per a la policia va prevaldre la seua situació irregular enfront de la violència contra la dona, “porque así lo marca la ley”, tal com va justificar aquest procedir el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio. Si l’agressió haguera provocat la seua mort, “¿también se habríanfijadoprimero en que soy una inmigrante?” es pregunta la víctima després de conèixer que la policia insisteix en la seua expulsió. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les mares que han assassinat a diversos dels seus familiars, inclòs un germà.
El 3 de maig, la xica i un amic espanyol van acudir a la comissaria de Xirivella a denunciar les agressions, insults i amenaces que acabaven de patir per part del llogater d’ell. Quan ja havien començat a explicar que el llogater va agredir la xica al tractar d’entrar en l’habitació on s’havia reclòs la parella, el policia els va demanar la documentació. Ella va eixir al cotxe a arreplegar la còpia del seu passaport i, al tornar, agents d’estrangeria la van detindre i li van incoar un procediment d’expulsió. El seu acompanyant va acabar de presentar la denúncia mentre que la jove va haver d’anar dies després al jutjat de guàrdia per a denunciar l’atac i les lesions, que li van provocar hematomes i contusions en braços i muscles, segons consta en els informes mèdics.
L’advocada de la jove va presentar al·legacions contra l’expedient d’expulsió el 17 de maig, destacant el procés d’integració que està realitzant la jove. I amb una rapidesa que no és habitual en estos casos, la policia de Xirivella va proposar el 5 de juny mantindré l’ordre d’expulsió al no haver acreditat “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”. En la proposta de resolució del procediment d’expulsió la policia també afirma que “en ningúnmomento se ha impedidorealizar ninguna denuncia a esta persona informándoleincluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiestahabersufrido”. La jove assegura que no va poder presentar la denúncia conjuntament amb el seu amic perquè la policia se la va portar per a obrir-li el procés d’expulsió; per això, a l’escrit de denúncia en la comissaria només figura el seu amic com a denunciant i víctima i ella únicament com a víctima. Però ni tan sols la seua condició de víctima va impedir la seua detenció i la incoació de l’expedient d’expulsió.
València Acull considera inadmissible la conducta de la policia de Xirivella avalada per la Delegació del Govern perquè entenem que ha de prevaldre la protecció de les víctimes i el seu accés a la justícia en tots els casos, independentment de la situació administrativa en la qual es troben, tal com es contempla en l’Estatut de la Víctima del Delicte, en la pròpia Constitució i en el Dret Internacional dels Drets Humans.
En aquest sentit, sol·licitem:
-L’immediat arxiu del procediment administratiu sancionador d’expulsió incoat contra la dona hondurenya ja que ha sigut iniciat vulnerant-se les més elementals normes del nostre ordenament jurídic.
-L’expedició per part del Ministeri d’Interior, amb caràcter immediat, d’una instrucció d’obligat compliment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè en cap cas siguen incoats expedients d’expulsió als qui acudisquen a denunciar. Aquesta ordre ha de contemplar la protecció de tota víctima de qualsevol tipus d’abús, en la seua persona o béns, ampliant la cobertura de la recent instrucció (núm. 7/2019, 20 de maig) de la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’ordena a la policia que no inicie procediments d’expulsió a les víctimes estrangeres de violència de gènere.
-L’adopció de les mesures necessàries per a establir un marc legal que garantisca que qualsevol persona que patisca un perjudici físic, moral o econòmic puga i rebre la protecció de totes les institucions sense que l’exercici d’aquests drets li supose el risc de l’expulsió.
La campaña #ParemosSuExpulsión logra un respaldo masivo a la joven hondureña
“ES INACEPTABLE QUE PARA EL DELEGADO DEL GOBIERNO PREVALEZCA UNA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha justificado la detención y orden de expulsión de la mujer hondureña que acudió a denunciar una agresión a la comisaría de Xirivella “porque así lo marca la ley”. València Acull considera inaceptable que para las instituciones prevalezca la irregularidad administrativa frente a la violencia que sufren las mujeres. Por eso, ha habido un respaldo masivo a la campaña en redes sociales #ParemosSuExpulsión. Valencia, 22 de mayo de 2019- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmado que la mujer hondureña que trató de denunciar una agresión en la comisaría de Xirivella se encontraba en situación “irregular” en España y, por lo tanto, al ser identificada, se inició un procedimiento de expulsión, “porque así lo marca la ley”. Además, ha asegurado que hay “contradicciones” entre la versión de la víctima y la policía, y van a averiguar las “circunstancias” de estos hechos. La joven llegó a València hace pocos meses, huyendo de la violencia de las maras de su país, que han asesinado a varios de sus familiares, incluido un hermano. Para València Acull estas manifestaciones son inaceptables ya que ponen en duda la credibilidad del testimonio de la víctima y suponen que para las instituciones prevalece la situación de irregularidad administrativa frente a la protección que debe recibir una mujer ante la violencia de un hombre. De hecho, la víctima tuvo que acudir días después al juzgado de guardia a interponer la denuncia porque no pudo tramitarla en la comisaría al ser detenida para abrirle el procedimiento de expulsión. València Acull, en nombre de la joven hondureña, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo reclamando su intervención para asegurar el derecho a denunciar sin temor a la expulsión, especialmente en los casos graves, como las agresiones contra las mujeres. Paralelamente, se ha puesto en marcha la propuesta en redes sociales #ParemosSuExpulsión, impulsada por la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros en la que se integra València Acull, que está obteniendo un respaldo masivo a la exigencia de que se paralice la orden. Por otra parte, la documentación del caso evidencia la inconsistencia de las “contradicciones” que menciona, sin más explicaciones, el delegado del Gobierno. La joven y un amigo acudieron a la comisaría de Xirivella el 3 de mayo a denunciar la agresión y amenazas que habían sufrido por parte del casero de él. Finalmente, solo el chico pudo formalizar la denuncia. Ni en el escrito de comparecencia del amigo ante la policía ni en la “notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento administrativo de expulsión” consta ninguna circunstancia que cuestione la violencia sufrida; incluso el instructor de la denuncia afirma que la chica presenta “unas rojeces visibles”. Posteriomente, las revisiones médicas efectuadas en los centros de salud de Xirivella y València certificaron que presentaba contusiones y hematomas en brazos y hombros. Por eso, para València Acull solo se han producido dos contradicciones en este caso. La del propio Juan Carlos Fulgencio al justificar lo sucedido y, al mismo tiempo, defender que el Gobierno es “absolutamente sensible y solidario con la situación de la inmigración a todos los niveles”, y se debe procurar “hacer compaginar esa solidaridad con los procedimientos establecidos”. Y la contradicción derivada de la actuación de los policías, que aplicando lo que “marca la ley” -según el delegado-, dejan de atender debidamente a una víctima de la violencia contra las mujeres. Por encima de esa “ley” están la propia Constitución española y los Derechos Humanos.
[NdP en castellano arriba]
La campanya #ParemosSuExpulsión aconsegueix un suport massiu a la jove hondurenya
“ÉS INACCEPTABLE QUE PER AL DELEGAT DEL GOVERN PREVALGA UNA IRREGULARITAT ADMINISTRATIVA PER SOBRE DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES”
El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana ha justificat la detenció i ordre d’expulsió de la dona hondurenya que va acudir a denunciar una agressió a la comissaria de Xirivella “perquè així ho marca la llei”. València Acull considera inacceptable que per a les institucions prevalga la irregularitat administrativa per sobre de la violència que pateixen les dones. Per això, hi ha hagut un suport massiu a la campanya en xarxes socials #ParemosSuExpulsión.
València, 22 de maig de 2019- El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmat que la dona hondurenya que va tractar de denunciar una agressió en la comissaria de Xirivella es trobava en situació “irregular” a Espanya i, per tant, en ser identificada es va iniciar un procediment d’expulsió, “perquè així ho marca la llei”. A més, ha assegurat que hi ha “contradiccions” entre la versió de la víctima i la policia, i que esbrinaran les “circumstàncies” d’aquests fets. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les maras del seu país, que han assassinat a alguns dels seus familiars, inclòs un germà.
Per a València Acull aquestes manifestacions són inaceptables, ja que posen en dubte la credibilitat del testimoniatge de la víctima i suposen que per a les institucions preval la situació d’irregularitat administrativa per sobre de la protecció que ha de rebre una dona davant la violència d’un home. De fet, la víctima va haver d’acudir dies després al jutjat de guàrdia a interposar la denúncia perquè no va poder tramitar-la en la comissaria en ser detinguda per a obrir-li el procediment d’expulsió. València Acull, en nom de la jove hondurenya, ha presentat una queixa davant el Defensor del Poble reclamant la seua intervenció per a assegurar el dret a denunciar sense por a l’expulsió, especialment en els casos greus, com les agressions contra les dones. Paral·lelament, s’ha posat en marxa la proposta en xarxes socials #ParemosSuExpulsión, impulsada per la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internaments per a Estrangers en la qual s’integra València Acull, que està obtenint un suport massiu a l’exigència que es paralitze l’ordre.
D’altra banda, la documentació del cas evidencia la inconsistència de les “contradiccions” que esmenta, sense més explicacions, el delegat del Govern. La jove i un amic van acudir a la comissaria de Xirivella el 3 de maig a denunciar l’agressió i amenaces que havien patit per part del propietari de l’habitatge d’aquest. Finalment, només el xic va poder formalitzar la denúncia. Ni en l’escrit de compareixença de l’amic davant la policia ni en la “notificació d’acord d’iniciació de procediment administratiu d’expulsió” consta cap circumstància que qüestione la violència patida; fins i tot l’instructor de la denúncia afirma que la xica presenta “enrogiments visibles”. Posteriomente, les revisions mèdiques efectuades en els centres de salut de Xirivella i València van certificar que presentava contusions i hematomes en braços i muscles.
Per això, per a València Acull només s’han produït dues contradiccions en aquest cas. La del mateix Juan Carlos Fulgencio en justificar el succeït i, al mateix temps, defensar que el Govern és “absolutament sensible i solidari amb la situació de la immigració a tots els nivells”, i s’ha de procurar “fer compaginar aqueixa solidaritat amb els procediments establits”. I la contradicció derivada de l’actuació dels policies, que aplicant el que “marca la llei” -segons el delegat-, deixen d’atendre degudament una víctima de la violència contra les dones. Per damunt d’aquesta “llei” estan la pròpia Constitució española i els Drets Humans.
CIEs NO denuncia que hi ha un malalt de VIH tancat al Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors i exigeix la seua immediata posada en llibertat
• L’intern resideix des de fa dos anys en un centre de baixa exigència de Castelló on seguia un programa d’intervenció psicosocial. • La seua expulsió a Rússia, el seu país d’origen, significaria posar en greu risc la seua salut en haver d’interrompre el seu tractament mèdic.
València, 12 de novembre de 2018.- La Campanya pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs NO) denuncia que un intern portador de VIH i malalt d’Hepatitis C, en tractament a més amb metadona per drogodependència, es troba des de fa vint dies privat de llibertat en el CIE de Sapadors. L’home, d’origen rus, va ser interceptat a Castelló quan es dirigia al centre d’intervenció de baixa exigència on resideix des de fa dos anys a causa de la seua delicada situació personal i de salut.
Des de la Campanya pel tancament dels CIE, s’ha tingut coneixement que se li ha denegat la protecció internacional per motius humanitaris que havia sol·licitat, per la qual cosa podria ser expulsat a Rússia en qüestió de dies. Açò suposa un gravíssim risc per a la seua salut, en haver d’interrompre bruscament el seu tractament mèdic. Segons ONUSIDA, programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, solament el 35% de les persones amb VIH accedeixen a tractaments anti retrovirales a Rússia.
La portaveu de CIEs NO, Cristina Martínez Ferrando, assegura que és “inhumà” que tanquen i deporten a una persona malalta que està perfectament integrada en el centre d’acolliment on resideix, on participa en tallers formatius i on té un estricte seguiment mèdic. “L’internament d’aquesta persona suposa un acte d’extrema crueltat, ja que és una persona especialment vulnerable que estava seguint un programa d’intervenció psicosocial que la seua estada en el CIE ha interromput de forma dràstica”, indica. “Les condicions higièniques de Sapadors són lamentables per a totes les persones internes -continua la portaveu- però per a les quals a més pateixen algun tipus de malaltia són encara més dures. En aquests moments, per exemple, a la nit, les persones internes es veuen obligades a orinar en botelles de plàstic, davant de la resta dels seus companys, ja que tanquen les cel·les fins a l’endemà”, explica.
La Campanya pel tancament dels CIE porta denunciant el tancament de persones amb greus malalties, com el VIH i l’Hepatitis C, així com deficiències en l’atenció mèdica a les persones internes, des de l’any 2010 quan va fer públic que a diverses persones tancades en Sapadors no se’ls estava proporcionant correctament els seus tractaments mèdics, la qual cosa posava en risc de forma alarmant la seua salut.
Cal recordar el cas de Samba Martine, ciutadana congolesa, que va morir en el CIE de Aluche, a Madrid, per no rebre el tractament adequat per a una persona malalta de sida i que només el dia que va morir va ser traslladada a un hospital.
Per tot açò, la Campanya pel tancament dels CIE exigeix al delegat de Govern, Juan Carlos Fulgencio, la posada en llibertat immediata de l’intern, així com la revocació de la seua ordre d’expulsió per motius humanitaris.
D’altra banda, es fa una crida a les forces polítiques i a la ciutadania valenciana a implicar-se en aquest cas i a exigir el tancament de tots els CIE de l’Estat. “Queda demostrat una vegada i una altra que els Centres d’Internament d’Estrangers són forats negres dels drets humans i l’única solució per a aquestes vulneracions és el tancament immediat i sense condicions d’aquests espais que mai van haver d’existir”, conclòs la portaveu.
Comentarios recientes